Gestión del cumplimiento: 10 obligaciones prioritarias para las personas morales

Actualmente, uno de los grandes desafíos que enfrentan las personas morales es el relacionado con el oportuno cumplimiento de sus obligaciones fiscales y la adecuada gestión de estas. De no hacerlo pueden incurrir en faltas y hacerse acreedores a sanciones legales, económicas e, incluso, reputacionales.

Debido al cambiante marco regulatorio en el que se ven inmersos los contribuyentes, resulta necesario establecer un protocolo de gestión de cumplimiento que incluya los procedimientos y buenas prácticas aplicadas por las organizaciones, con la finalidad de identificar y ponderar riesgos potenciales, tanto operativos como legales, así como implementar mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción adecuados.  Asegurar el cumplimiento de las normas legales, contables, tributarias, del código de ética y de las políticas internas, permitirá a las organizaciones evitar sanciones. 

Con la finalidad de apoyar a las empresas en la identificación de riesgos de cumplimiento en cuanto a obligaciones de rutina, EY considera los siguientes 10 puntos en materia fiscal que las personas morales deben tomar en cuenta.

  • Para evitar tener problemas con la deducibilidad del costo de lo vendido de las mercancías, materias primas, productos en proceso y productos terminados, es indispensable llevar un control de los inventarios de dichos bienes.

Contar con un protocolo de gestión de cumplimiento es prioritario para evitar consecuencias adversas que impacten directamente en la operación, o bien en el crecimiento de la empresa o negocio. Al implementarlo, se busca que la relación entre la autoridad y los contribuyentes sea de confianza y transparencia, y esto solo se logrará si la empresa cuenta con un conjunto de principios, valores, normas y procedimientos que definan un adecuado marco de gestión y control tributario, siendo este uno de los principales beneficios.

En virtud de ello, los contribuyentes que tendrán mayor exposición son aquellos donde el personal, los procesos y los sistemas tecnológicos no estén debidamente alineados a los requisitos y las condiciones previstas dentro del actual marco regulatorio.

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