Los 10 principales riesgos para el gobierno y el sector público en 2025

Los 10 principales riesgos y cómo mitigarlos

1. Incapacidad para lograr unas finanzas públicas sostenibles

En todo el mundo, los gobiernos han estado gastando para apoyar sus economías a través de los choques de los últimos años. El resultado son unos elevados niveles de deuda pública mundial, que según las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) podrían alcanzar el 115 % del PIB en 2026. 

Los años de tipos de interés elevados también han aumentado el coste de los préstamos y del servicio de la deuda. Esto podría poner en peligro la inversión en infraestructuras públicas, obstaculizando el crecimiento y apretando aún más las finanzas públicas. 

Para evitar una crisis fiscal generalizada, los gobiernos deben empezar a tomar decisiones difíciles ahora. Al volver a centrarse en los indicadores que determinan el valor a largo plazo del dinero público en función de los resultados obtenidos, pueden priorizar mejor las inversiones y asignar los recursos. También pueden argumentar mejor cualquier recorte necesario del gasto público.

2. Crecimiento público débil o insostenible

El superciclo electoral mundial demostró que los datos positivos de crecimiento económico pueden disfrazar una realidad muy diferente para muchos electores. De hecho, refleja cada vez más el gasto de las rentas más altas.

Si a esta fragilidad se añaden las posibles repercusiones de los aranceles, el envejecimiento de la población y las presiones al alza de los costos derivadas del cambio climático, la trayectoria a medio plazo del crecimiento mundial sigue siendo baja. Esto se debe en parte a que los elevados niveles de deuda pública están impidiendo la inversión pública en las bases del crecimiento, como la educación y la sanidad.

Dicho esto, las inversiones ecológicas realizadas en los últimos años están empezando a dar sus frutos, demostrando el valor de acelerar hacia el cero neto. Los gobiernos pueden utilizar sus limitados recursos para impulsar este tipo de crecimiento sostenible e incentivar el consumo sostenible. Explorar medidas de salud económica distintas del PIB también puede ofrecer una visión más holística de las realidades a las que se enfrentan las personas.

3. Escasez de mano de obra y creciente informalidad laboral

El mundo se está quedando sin trabajadores. Las expectativas y la movilidad de los empleados han aumentado. Y según la Organización Internacional del Trabajo, más de la mitad de la fuerza laboral mundial está empleada en la economía informal.

Juntos, estos factores amenazan el crecimiento al reducir las bases impositivas, disminuir la resiliencia de las organizaciones y aumentar las disrupciones de la cadena de suministros. La escasez de cualificaciones y las disparidades en el acceso a la educación están socavando los esfuerzos para preparar a la mano de obra para el futuro. Y la naturaleza del trabajo y de las competencias está cambiando rápidamente, lo que significa que las organizaciones que no inviertan en el aprendizaje continuo podrían quedarse atrás.

Los gobiernos pueden dar forma a este mercado laboral cada vez más fluido invirtiendo más en los motores del desarrollo económico y el crecimiento, como la educación. También pueden galvanizar al sector privado para que invierta en la formalización del trabajo y en la mejora de las cualificaciones de los empleados, y revisar periódicamente cómo miden la salud del mercado laboral.

4. Capacidad digital y ciberseguridad deficientes

La protección de los datos sensibles es una prioridad absoluta para las organizaciones del sector público, pero el envejecimiento de la infraestructura tecnológica, los sistemas aislados y la deuda técnica las hacen vulnerables a los ciberataques.

Es probable que esta amenaza se acelere en 2025 a medida que maduren las tecnologías de inteligencia artificial (IA) y computación cuántica. Por lo tanto, es urgente que los gobiernos y las instituciones del sector público preparen la seguridad digital para el futuro adoptando servicios basados en la nube. Además de crear un equipo de profesionales de la ciberseguridad y aumentar la resiliencia digital y cibernética de los funcionarios públicos.

Los desafíos en torno a la escasez de competencias y el intercambio de datos también están impidiendo que muchas organizaciones utilicen las tecnologías digitales para mejorar la forma en que sirven a los electores. La mejora de la capacitación de los empleados para trabajar con tecnología desbloqueará beneficios, mientras que la mejora de la interoperabilidad y la estandarización de la gobernanza de datos, la ética y los controles de seguridad permitirán un mejor uso de los datos.

5. Falta de adaptación a un nuevo panorama geopolítico

Tras una década de creciente complejidad geopolítica, el mundo es un lugar más multipolar. Esto significa que un mayor número de actores influyen en la política internacional y en las agendas diarias de las instituciones gubernamentales y del sector público.

El éxito de los candidatos antiestablishment durante el superciclo electoral mundial también demostró que la gente busca un liderazgo seguro ante la creciente incertidumbre. Esto podría conducir a su vez a una forma más transaccional y oportunista de comprometerse internacionalmente. También podría acelerar la tendencia a que las divisiones geopolíticas se extiendan al comercio y los conflictos mundiales.

En este entorno volátil, la diplomacia se vuelve crucial. Allí donde la política impida el diálogo a alto nivel, las sólidas relaciones de trabajo entre agencias y fronteras serán clave para rebajar la tensión. A nivel organizativo, la inversión en datos y analítica predictiva equipará a los gobiernos para anticiparse y prepararse mejor ante las disrupciones.

6. Visibilidad y trazabilidad limitadas o inexistentes de la cadena de suministros

La aplicación de estrategias de on- o near-shoring ha ayudado a mitigar algunos de los impactos de las frágiles cadenas de suministros. Pero las instituciones gubernamentales y del sector público siguen careciendo de la trazabilidad y la visibilidad necesarias para la resiliencia.

Por ejemplo, muchos no disponen de la información necesaria para supervisar sus redes de cadena de suministros en tiempo real o para saber quiénes son sus proveedores por debajo de un determinado umbral. Esto limita su capacidad para identificar y mitigar los riesgos y las posibles disrupciones antes de que se conviertan en una crisis.

Desarrollar la capacidad de gestionar el riesgo de terceros permitirá a las instituciones comprender y actuar sobre las dependencias que crean riesgos dentro de las cadenas de suministros globales en la actualidad. El uso de soluciones tecnológicas integradas para modernizar la cadena de suministros y la infraestructura logística mejorará la visibilidad y la trazabilidad. Y actualizar el talento permitirá a las instituciones aprovechar las nuevas tecnologías.

7. La escasa resiliencia de los empleados dificulta la ventaja del sector público en materia de talento

Los líderes del gobierno y del sector público se enfrentan a cargas de trabajo inmanejables y a una necesidad de servicios por parte del público cada vez mayor. Con unos niveles de confianza interna bajos y unos empleados del sector entre los menos propensos a renunciar, la resiliencia de los empleados y el atractivo de los empleadores se resienten. 

Los desafíos añadidos de competir salarialmente con el sector privado y la volatilidad de los ciclos políticos hacen que no resulte sorprendente que las instituciones gubernamentales y del sector público de todo el mundo tengan dificultades para contratar personal. A menos que inviertan en crear una ventaja de talento, corren el riesgo de crear una fuga de cerebros institucional a medida que la mano de obra envejece.

Es fundamental que las instituciones gubernamentales y del sector público utilicen la tecnología para reducir la carga administrativa de los empleados. Ampliar las recompensas totales, el sentido de propósito y los sistemas de desarrollo del talento también ayudará a crear una ventaja de talento y a cubrir las vacantes críticas.

8. Fracaso a la hora de cerrar la brecha entre la ambición climática y la acción

Aunque muchos gobiernos han creado políticas y normativas de acción climática que entran plenamente en vigor este año y el próximo, es evidente que se necesita más liderazgo público. De los encuestados en el EY Future Consumer Index, el 77 % cree que es responsabilidad de los gobiernos lograr mejores resultados sociales y medioambientales. Sin embargo, sólo el 34 % afirma que su gobierno está tomando medidas suficientes. 

Según el Informe sobre la Brecha de Emisiones 2024, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), se necesita un "salto cuántico en la ambición" para evitar un calentamiento global catastrófico. Para lograrlo, los gobiernos deben presentar a principios de este año unas Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) más ambiciosas. También es urgente reducir el déficit de financiación de infraestructuras sostenibles creando incentivos para desbloquear la financiación mixta. A nivel interno, la ecologización de las operaciones gubernamentales ayudará a crear impulso y confianza pública. Allí donde no sea posible una acción más audaz a nivel nacional, corresponderá a los líderes de los gobiernos locales seguir avanzando hacia una transición ecológica.

9. Falta de resiliencia a las crisis climáticas

A medida que se intensifican los patrones meteorológicos y térmicos, también lo hacen los costos económicos y humanos. Los gobiernos ya están luchando por responder eficazmente a los problemas de salud medioambiental y a la escasez de recursos, lo que está provocando un aumento de los índices de conflicto, hambre y migración.

Para mitigar estos riesgos es necesario que los países desarrollados financien en condiciones favorables la adaptación al clima en las naciones en desarrollo e insulares más expuestas. Pero el objetivo de 100.000 millones de dólares prometido en la COP15 de 2009 no se alcanzó hasta 2022, dos años después del plazo original.

Cumplir el nuevo objetivo colectivo cuantificado, fijado en la COP29 en noviembre de 2024, es fundamental para que los países con mayor riesgo puedan alcanzar sus objetivos NDC. También permitirá a estos países invertir en herramientas de refuerzo de la resiliencia, como los sistemas de alerta temprana ante peligros múltiples, que según el UNEP (por sus siglas en inglés) pueden reducir en un 30 % los daños provocados por las disrupciones. Los gobiernos pueden ayudar creando incentivos más fuertes para el sector privado, integrando el riesgo climático en los presupuestos públicos y promoviendo proyectos de adaptación impulsados por las comunidades.

10. Desconectada de las experiencias y necesidades de los electores

La lentitud e insuficiencia de las respuestas gubernamentales a las crisis mundiales y la creciente percepción de que el gobierno está fallando a la mayoría de la población han dañado la cohesión social y la confianza pública en las instituciones^.1 También han impulsado el éxito de los candidatos antiestablishment en el superciclo electoral mundial.