Reforma Tributaria 2025: impacto en la economía colombiana

La propuesta combina medidas de recaudo como eje central con estímulos a la transición energética y la economía digital. 

En resumen

• El Gobierno busca recaudar $26,3 billones con el Proyecto de Ley de Financiamiento 2025 para cubrir parte del déficit fiscal.
• El IVA se amplía a nuevas actividades y se eliminan beneficios en turismo, mientras que los combustibles migran gradualmente a la tarifa general presentando un impacto relevante para el común de la gente.
• En impuesto de renta, se incrementa la carga a actores del sector financiero, minero y de la economía digital, y se establecen reglas específicas para los activos digitales.

El Gobierno Nacional presentó al Congreso el Proyecto de Ley de Financiamiento 2025, con el que espera recaudar $26,3 billones para cubrir parte del déficit del Presupuesto General de la Nación, estimado en $557 billones. Aunque la meta inmediata es aumentar los ingresos fiscales, la propuesta va más allá de un simple ajuste recaudatorio como foco y eje central: introduce modificaciones al sistema tributario en materias del IVA, renta, impuesto al patrimonio y tributación de personas naturales, consumo y tributos ambientales, al tiempo que incorpora incentivos para la transición energética y de amnistías para regularizar obligaciones tributarias.

Cambios clave de la reforma

Uno de los ejes centrales del proyecto, sin ser el principal, es la ampliación del IVA y del impuesto al consumo. La inclusión de nuevas actividades gravadas, como las membresías, los parqueaderos en zonas comunes no residenciales la permanencia de la sujeción al impuesto de los juegos de suerte y azar operados por internet y en línea, refleja el interés del Gobierno por adaptar la tributación a nuevas formas de consumo y a la creciente digitalización de la economía. 

Al mismo tiempo, la eliminación de exclusiones como los servicios de cloud computing y el turismo recreativo para extranjeros genera debate sobre su impacto en sectores estratégicos para la competitividad del país. Las modificaciones en combustibles también son significativas: mientras la gasolina y el ACPM migrarán de forma gradual hacia la tarifa general del 19%, los vehículos eléctricos puros conservarán el beneficio del 5%. Esta diferenciación envía una señal clara de política pública: incentivar la movilidad sostenible al tiempo que se amplía la base tributaria en sectores tradicionales, con impactos importantes en el común de la población.

Modificaciones en la tributación

En materia de impuesto de renta, el proyecto apunta a sectores que son considerados como de alta rentabilidad por parte del Gobierno. La tarifa nominal para entidades financieras llegaría al 50%, un nivel que, aunque podría pensarse que refuerza la progresividad, plantea interrogantes sobre la competitividad frente a otros mercados de la región y se insiste, el impacto en los usuarios de tales servicios financieros. A la vez, se actualiza la tributación para aquellos que califican bajo la figura de Presencia Económica Significativa, que pasa del 3% al 5% sobre ingresos por venta de bienes y de servicios digitales, en línea con las discusiones internacionales sobre tributación de plataformas tecnológicas. La minería también entra en el radar con un esquema progresivo aplicado al carbón, mientras que la tributación sobre los dividendos para extranjeros aumentan al 30%. 

En paralelo, la propuesta incorpora un marco regulatorio para los activos digitales, obligando a reportes detallados a la DIAN y reconociendo figuras como la enajenación indirecta. Esto marca un paso hacia la formalización de un mercado emergente, pero también supone un incremento en los costos de cumplimiento para los actores del ecosistema cripto y fintech.

En el caso de las personas naturales, el proyecto sigue focalizado en consolidar la progresividad del sistema. Las tarifas de renta se incrementan, para rentas líquidas gravables superiores a $85 millones anuales, con un techo del 41%. También desaparece la deducción por dependientes y se mantiene la deducción por compras con factura electrónica, incrementando su deducción temporalmente para los años 2026 y 2027. Más relevante aún es la modificación al impuesto al patrimonio: el umbral se reduce de 72.000 a 40.000 UVT, lo que amplía de manera significativa la base de contribuyentes alcanzados por este gravamen. 

En este punto, la reforma consolida un enfoque redistributivo, poniendo mayor presión sobre los grandes patrimonios y reforzando la discusión pública sobre la equidad del sistema y sigue fortaleciendo el mensaje del castigo al ahorro.

Impuestos ambientales y estímulos para la sostenibilidad

Un aspecto distintivo de esta propuesta es su componente ambiental y de salud pública. El impuesto al carbono prácticamente se duplica en varios combustibles, y se limita la no causación por certificación de carbono neutro al 30%, con el fin de incentivar la descarbonización de las cadenas productivas. 

En paralelo, se amplía la base de gravamen a productos como vapeadores, tabaco calentado y dispositivos electrónicos, mientras que licores y cervezas pasan a un esquema mixto de tarifa específica y ad valorem. Más allá del recaudo, estas medidas alinean la política tributaria con los objetivos de salud y sostenibilidad, siguiendo la tendencia internacional de los llamados “impuestos correctivos”.

Como contrapeso a estas cargas, el proyecto incorpora incentivos para la transición energética. La creación de los Bonos de Transición Energética, que permitirán deducir el 50% de las inversiones en proyectos de energías renovables y podrán negociarse en el mercado, constituye un mecanismo novedoso de financiamiento. 

Asimismo, la transformación de la exclusión del IVA en una exención permitirá a las empresas recuperar el impuesto a lo largo de la cadena productiva, mejorando la liquidez y la viabilidad de los proyectos. Estas disposiciones envían un mensaje alineación entre la política fiscal y los compromisos climáticos del país.

Perspectivas de la Reforma

La propuesta refuerza la capacidad de control de la administración tributaria. Se endurecen las sanciones relacionadas con facturación, omisión de activos y pagos no canalizados, al tiempo que se crea un impuesto de normalización tributaria del 15% para activos omitidos y pasivos inexistentes al 1 de enero de 2026. Aunque la medida busca ampliar la base de recaudo, carece de los incentivos adicionales de reformas anteriores, como beneficios por repatriación de capitales. 

Por otro lado, se abren ventanas de reducción transitoria de sanciones e intereses, lo que refleja un favorecimiento al incumplido en contra del que atiende los deberes y se equivoca de manera involuntaria.

En conjunto, el Proyecto de Ley de Financiamiento 2025 representa una de las apuestas más ambiciosas de los últimos años. Su alcance es transversal: amplía la base tributaria, elimina beneficios sectoriales, aumenta la presión sobre contribuyentes de altos ingresos y patrimonios, y refuerza los impuestos ambientales y de salud. Al mismo tiempo, introduce instrumentos innovadores para estimular la transición energética.

 En perspectiva, el proyecto combina un objetivo inmediato de recaudo con un intento de reconfigurar la estructura tributaria hacia un sistema más progresivo, más alineado con la economía digital y más orientado a la sostenibilidad, aun así, seguimos en deuda de ver una verdadera reforma estructural que muy bien le vendría al país.