En minería, esta discusión adquiere una relevancia especial. A diferencia de otros sectores productivos, la minería enfrenta un nivel de escrutinio particularmente alto por parte de comunidades, autoridades, reguladores y sociedad civil. La cercanía territorial con las poblaciones y la dependencia de recursos naturales estratégicos elevan la sensibilidad social y regulatoria de la actividad. En este escenario, la licencia social para operar no es únicamente un atributo reputacional, sino una condición esencial para la continuidad de las operaciones y el desarrollo de nuevos proyectos.
En el Perú, un grupo importante de empresas mineras ha avanzado de manera decidida en la integración de la sostenibilidad en su estrategia de negocio como un factor clave para asegurar la licencia social para operar, mejorar la productividad y la competitividad de costos a través de la descarbonización y el uso eficiente de recursos como la energía y el agua, así como para facilitar el acceso a financiamiento apalancado en credenciales ESG creíbles.
Las señales de este nivel de integración son cada vez más claras. Se observan decisiones de inversión de capital justificadas no solo por criterios técnicos o económicos tradicionales, sino también por beneficios ambientales y sociales, como la electrificación de flotas, el uso de energías renovables o la implementación de soluciones avanzadas de gestión hídrica. Asimismo, se evidencia un cambio en la forma de abordar la gestión comunitaria, incorporándola desde una fase temprana de diseño de los proyectos y manteniéndola activa a lo largo de toda la vida útil de la mina, incluyendo el cierre. A ello se suma una gestión continua de indicadores ambientales y sociales, más allá del reporte anual, y una integración explícita de los riesgos ESG en los sistemas de gestión de riesgos del negocio.
Sin embargo, este nivel de madurez no es uniforme en todo el sector. Existen empresas que, si bien han logrado avances importantes en materia de reporte, incluso bajo estándares internacionales, aún no han conseguido integrar plenamente la sostenibilidad en sus procesos de toma de decisiones. En estos casos, aún se encuentran áreas de sostenibilidad relativamente aisladas del planeamiento minero, modelos de relacionamiento comunitario reactivos, gobernanza de la gestión social en proceso de madurez y proyectos técnicamente sólidos que enfrentan serias dificultades desde el punto de vista social. Además, en esos casos, el cierre de mina suele ser percibido como un pasivo más que como una oportunidad de generar un legado positivo. Esta brecha entre la madurez del reporting y la gestión efectiva de la sostenibilidad representa un desafío relevante para el sector y una fuente importante de riesgos. Esta realidad sustenta la persistencia de la licencia social para operar como uno de los cinco principales riesgos de la minería a nivel global y para el Perú, tal como se muestra en el estudio de EY Top 10 business risks and opportunities for mining and metals 2026.
De acuerdo con el último reporte de la Defensoría del Pueblo, a febrero de 2026 se registraron 192 conflictos sociales a nivel nacional, de los cuales 165 se encontraban activos y 27 en estado latente. Más del 60% de estos conflictos corresponde a controversias de índole socioambiental vinculadas a la actividad minera. Estas cifras reflejan la magnitud del desafío y la necesidad de replantear los enfoques tradicionales de relacionamiento con el entorno.
Una parte significativa de estos conflictos se origina en disputas relacionadas con el uso de los recursos naturales, percepciones sobre impactos ambientales, incumplimiento o débil gestión de compromisos sociales, dificultades en el acceso a servicios básicos y una limitada presencia del Estado en los territorios. En este contexto, muchas demandas estructurales terminan siendo direccionadas hacia las empresas mineras, incrementando la presión social y elevando el riesgo de interrupciones operativas. La experiencia demuestra que la forma en que los proyectos mineros incorporan el relacionamiento con el entorno desde etapas tempranas es determinante para la fortaleza de la licencia social.
Las empresas que han iniciado una transformación de su modelo operativo y cultura comparten algunas características clave. En primer lugar, integran la gestión social de manera transversal a la planificación, la operación y el cierre de mina, asegurando una adecuada coordinación entre todas las áreas de la organización. En segundo lugar, orientan la inversión social hacia la creación de valor compartido, a partir de un entendimiento profundo de las necesidades y potencialidades del territorio, lo que permite medir y gestionar los impactos sociales positivos generados. Asimismo, fortalecen la gestión activa de compromisos, asegurando su seguimiento, cumplimiento y comunicación transparente, como base para la construcción y sostenimiento de la confianza.
Según el mismo estudio de EY, otro desafío relevante para la minería sigue siendo el cambio climático aun cuando en el último año no figure dentro del Top 10 de riesgos del sector. Los riesgos climáticos físicos ya se manifiestan de forma concreta en el país a través de lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos asociados a la variabilidad climática y a eventos como El Niño Costero. Estos fenómenos afectan infraestructura crítica, carreteras, puentes y servicios, impactando directamente la logística y la continuidad operativa de las actividades mineras. Frente a este escenario, la industria viene avanzando de manera progresiva en la gestión de los riesgos y oportunidades asociados al cambio climático.
Al respecto, las principales compañías mineras que operan en el país han definido metas intermedias al 2030 enfocadas en eficiencia operativa y transición energética, así como compromisos de descarbonización de largo plazo hacia 2040 o 2050. De ellas, al menos seis de las diez principales empresas mineras reportan actualmente una ruta de descarbonización definida, con objetivos concretos de reducción de emisiones, principalmente en los Alcances 1 y 2, y un avance gradual en el abordaje del Alcance 3. A ello se suman iniciativas de economía circular orientadas a reducir la generación de residuos, maximizar el aprovechamiento de materiales y mejorar la eficiencia en la gestión del agua.
En conjunto, estas tendencias reflejan que la sostenibilidad integrada se consolida como el principal habilitador de una minería resiliente, responsable y competitiva en el Perú. El desafío para el sector ya no radica en demostrar compromiso a través de reportes, sino en asegurar que ese compromiso se traduzca en decisiones coherentes, transversales y consistentes con una visión de largo plazo. Las empresas que logren integrar la sostenibilidad en el núcleo de su gestión estarán mejor preparadas para enfrentar un entorno complejo, gestionar los riesgos críticos del sector y contribuir de manera efectiva al desarrollo del país.
