Competitividad e informalidad laboral: el impacto en la industria minera

Conoce cómo afecta la informalidad laboral en la industria minera

En tiempos de crisis económica e incertidumbre social, uno de los temas más sensibles para la economía de un país, pero también para la economía de las personas y ciudadanos de a pie, es la generación de empleo de calidad.

Sin lugar a dudas, un entorno económico saludable genera las condiciones para la creación de puestos de trabajo de calidad, que se manifiestan no solo a través de un nivel de ingresos adecuado que se encuentre por encima del umbral de la remuneración mínima vital (RMV), sino también en el respeto y cumplimiento de la regulación laboral nacional e internacional que se desprende principalmente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y también de las cláusulas sociales incluidas en los diversos tratados comerciales suscritos por el Estado peruano.

No obstante, la realidad laboral que enfrenta nuestro país resulta cuanto menos paradójica, pues mientras la regulación laboral se incrementa en diversos ámbitos, como, por ejemplo, la norma que limita la tercerización de actividades nucleares (D.S. 001-2022-TR), las tasas de informalidad laboral van en aumento, a tal punto que, en el Perú, aproximadamente, 8 de cada 10 trabajadores se encuentran fuera de la protección laboral. Curiosamente, tenemos por un lado mayor regulación, pero por otro lado, un mayor número de trabajadores que se encuentran laboralmente desprotegidos.

Y en este sentido cabría preguntarse: ¿el rol regulatorio y fiscalizador del Estado en materia laboral está ayudando a generar empleo de calidad?, ¿una mayor regulación laboral trae consigo mayor formalidad laboral?, ¿la regulación laboral afecta la competitividad laboral? 

Sin duda, las respuestas a estas preguntas no parecen ser tan simples, pero podemos tratar de ensayar algunas respuestas a partir de la realidad del sector minero, que como sabemos, es uno de los grandes motores de la economía nacional, pero también uno de los sectores más formales desde el punto de visto regulatorio y, por ende, laboral. Empecemos revisando el rol del Estado como regulador y fiscalizador del mercado laboral peruano en el sector minero y veámoslo a través de algunos ejemplos concretos.

Tercerización y regulación

Uno de los sectores que más utiliza la tercerización para buscar eficiencia en sus operaciones es el sector minero y es precisamente aquí donde la cadena de valor –a partir de la contratación y subcontratación– ha generado y genera una gran cantidad de puestos de trabajo de calidad. 

Es más, es en este sector económico donde con mayor incidencia la propia empresa usuaria vigila y supervisa constantemente a sus contratistas, para que estos cumplan con la normativa laboral; no obstante, de pronto y sin mayor discusión o diálogo entre los actores sociales, como son los empleadores, trabajadores y gobierno, en el año 2022 se decidió restringir el uso de esta figura a actividades que no fueran consideradas parte del núcleo del negocio.

Es decir que, pese a que no existían razones para pensar que se estaban presentando abusos en el uso de la tercerización laboral, el Estado, sin mayor espacio de diálogo y consulta, decidió restringir el uso de esta figura, provocando que muchas micro y pequeñas empresas no puedan seguir dedicándose a brindar servicios a empresas principales y provocando la pérdida de empleos formales.

Demás está decir que la aplicación de esta norma ha producido una serie de externalidades que han afectado no solo el proceso de producción de las empresas, sino que además ha hecho más costosa y, por ende, menos competitiva la contratación laboral.

Inspección de trabajo e informalidad laboral

Otro ejemplo que podríamos traer a colación es el relativo al enfoque y rol de la inspección de trabajo en el sector minero. 

Sobre este punto podemos advertir que de acuerdo con la información brindada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), los sectores económicos más inspeccionados por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) en el año 2022 fueron los de agricultura, construcción civil y minería; y dentro de estos sectores, la inspección de trabajo se focalizó sobre todo en empresas legal y formalmente constituidas. 

En nuestra opinión, esta situación genera que los esfuerzos del Estado se encuentren centrados en detectar incumplimientos en la normativa laboral, pero respecto a empleadores que usualmente tienen la vocación de cumplir la ley; lo que, si bien puede traducirse en la detección de hallazgos, no contribuye a disminuir el porcentaje de trabajadores que no tienen ninguna clase de cobertura laboral. En otras palabras, el Estado centra su esfuerzo de fiscalización en un sector, como el minero, que por su naturaleza se encuentra ya fuertemente regulado y fiscalizado, dejando desprotegidos a aquellos trabajadores que, desempeñándose en un mercado informal, son los que precisamente más necesitan de mayor intervención estatal.

Esta situación produce un efecto que impacta seriamente en la informalidad y competitividad laboral. Por un lado, estamos dejando un espacio para que la minería informal siga creciendo en el campo laboral, con trabajadores que se encuentran expuestos a sufrir atropellos en sus derechos; y por otro lado, el Estado genera que la empresa formal deba asumir costos que la empresa informal no asume, partiendo del hecho de que la fiscalización se va a centrar siempre en la primera y no en la segunda, y que esto va a significar destinar esfuerzos y recursos para atender los innumerables requerimientos que puedan provenir de la inspección de trabajo. En buena cuenta, la concentración de la atención en el sector formal hace más atractiva y rentable la informalidad laboral.

En la misma línea podemos advertir también cómo los casos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales terminan casi siempre sin reparación en el sector minero informal, pero en el sector formal se generan situaciones donde pese a que el empleador pueda demostrar a la inspección de trabajo que cumplió con su deber de prevención y los estándares de seguridad necesarios para evitar un accidente, este se hace acreedor de cuantiosas multas e indemnizaciones.

Lo mencionado en este artículo nos debe llevar a pensar en un cambio de paradigma respecto a la regulación y fiscalización laboral. Generar empleo de calidad implica proteger e incentivar a quien lo produce y no hacer más costosa la formalidad laboral. En la misma línea supone reenfocar el esfuerzo de regulación y fiscalización para lograr que el sector laboral informal se reduzca.

Si queremos que las tasas de informalidad laboral disminuyan en los próximos años, el Estado debe empezar a articular esfuerzos con aquellos sectores económicos, como el minero, que son un pilar de crecimiento en nuestro país, desplegando estrategias regulatorias y de fiscalización que se encuentren enfocadas en reducir la informalidad y no aumentarla.

Recordemos finalmente que el rol fundamental del Estado deber estar orientado a dotar de condiciones laborales dignas a sus ciudadanos, condiciones que permitan que éstos pueden acceder a una adecuada cobertura laboral y de seguridad social, que procure para éstos y para sus familias el bienestar que todos anhelamos.