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Así, en 2015 se estableció el consenso de las 196 partes del Convenio Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático y el 4 de noviembre de 2016, entró en vigor el Acuerdo de París, un tratado internacional sobre el cambio climático jurídicamente vinculante, que abarca todos los aspectos de la lucha contra el cambio climático desde la mitigación y la adaptación hasta los medios de implementación.
El cambio sustancial entre lo establecido en el Protocolo de Kioto vs el Acuerdo de París es que este último no predetermina un porcentaje fijo de reducción de emisiones de GEI, sino que permite que cada país determine el porcentaje de reducciones al que desea comprometerse.
Así, con la finalidad de cumplir el objetivo común del Acuerdo de París, que consiste en no superar un incremento de 1,5 ºC la temperatura global con relación a la registrada en la época preindustrial, todos los países se comprometieron a la reducción de las emisiones nacionales de GEI presentando sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés).
En nuestro caso, Perú presentó una última actualización de sus NDC en el 2021, en donde se comprometió a reducir en un 30% sus emisiones para el año 2030 (meta no condicionada), en términos de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
Perú emite tan solo el 1% de las emisiones a nivel global, tomando en cuenta que los países con mayores emisiones son China, seguido de Estados Unidos (con casi la mitad de las emisiones que China) e India.
En ese sentido, es importante mencionar que la principal fuente de emisiones globales se concentra en el uso de los combustibles fósiles, pero en el caso del Perú no se presenta este escenario. Según el último Inventario Nacional de Emisiones de GEI que realizó el Ministerio del Ambiente (MINAM), el principal emisor es el sector de Uso de la Tierra y Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura (UTCUTS) con 47,90% del total de GEI generado en el país, lo cual refiere principalmente a las emisiones debidas a la conversión de tierras forestales y pastizales en cultivos o remoción de la cobertura forestal (sumideros de carbono) para la realización de otras actividades que suelen ser ilegales como la minería ilegal.
El segundo sector que aporta más emisiones de GEI es energía con el 30,06% de las emisiones del país y dentro de este sector, se destaca como principal fuente de emisión al combustible empleado en el transporte.
Si bien nuestro aporte de GEI a nivel global no llega a los niveles de países como Estados Unidos o China, es importante precisar que nuestras emisiones a lo largo del tiempo han ido incrementando en lugar de reducirse. De acuerdo con CEPLAN, en el periodo 2005-2019, las emisiones casi se triplicaron de 74 950,75 GgCO2eq a 210 404,42 GgCO2eq4. Lo cual además, es una tendencia a nivel mundial, de acuerdo con el Informe sobre Brechas de Emisiones 2023 de Naciones Unidas.
¿Qué camino tomar?
Para lograr la reducción de emisiones en un 30% al 2030, es importante centrarnos en el buen manejo de los recursos forestales y en el sistema de transporte. Por ello, consideramos que debemos cubrir las necesidades más urgentes colocando esfuerzos en eliminar las amenazas a nuestros bosques provenientes de actividades ilegales (minería ilegal, expansión de frontera agrícola ilegal, tala ilegal).
En línea con ello, tenemos el caso de la UE que en el 2023 aprobó una ley obliga a las empresas a garantizar que sus productos no hayan provocado deforestación ni degradación forestal. Es decir, las empresas solo podrán vender productos en la UE si su proveedor ha cumplido con emitir una declaración de «debida diligencia» que certifique que el producto no procede de tierras deforestadas ni ha provocado degradación forestal.
Otra medida primordial es fomentar mecanismos que generen valor al bosque en pie como los mecanismos REDD+ y el pago por servicios ambientales. Si bien contamos con la Ley N°30215, Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos y su Reglamento, esta se ha implementado únicamente con relación a la conservación del recurso hídrico y el pago a través de las prestadoras de servicio de saneamiento.
Finalmente, en cuanto al sector transporte, consideramos esencial promover la reducción de emisiones implementando exigencias técnicas eficientes para el parque automotor y alternativas como la electromovilidad. En ese sentido, la UE ha establecido que, a partir de 2035, todos los coches nuevos que salgan al mercado no podrán emitir CO2. De este modo, se busca que en 2050 el sector del transporte sea neutro en carbono.
En líneas generales, la UE está marcando la pauta no solo para su mercado interno sino también para países que les venden, como es el caso de Perú; incluso una reciente reglamentación establece que todas las grandes empresas de la UE deberán divulgar información sobre el impacto de su actividad en las personas y el planeta, y sobre los riesgos de sostenibilidad que afronten; por lo que sus proveedores (como empresas peruanas) deberán a su vez contar con dicha información.
Todo ello, solo confirma que es primordial que el Perú avance con firmeza y a paso acelerado en la implementación de normas vinculantes que aseguren la reducción de emisiones de cara a cumplir con los ambiciosos compromisos plasmados en nuestras NDC.