Revisión de la hoja de ruta para desarrollar el mercado de valores

Los fondos mutuos y de inversión podrían jugar un papel importante en la reducción de brechas entre emisores de menor tamaño y la demanda existente, pues han logrado atraer emisores medianos y pequeños que no están en capacidad de efectuar una oferta pública de valores por sí mismos, tanto por los costos asociados a la realización de la oferta, como por los costos derivados de las obligaciones que surgen luego de ella. 

Si bien ha habido esfuerzos por parte de la SMV por crear mercados para estas empresas (e.g., el Mercado Alternativo de Valores), también sabemos que hay obligaciones posteriores que no pueden ser eliminadas, pero que generan un proceso de reorganización interna y una posterior carga operativa en los emisores.

Por ello, consideramos importante tratar de profundizar con los propios actores del mercado respecto de qué medidas incentivarían a las sociedades administradoras de fondos -que efectúan un gran esfuerzo por mantenerse dentro de un mercado regulado- para continuar atrayendo inversiones que se canalicen hacia pequeñas y medianas empresas y hacia proyectos sostenibles. Podría ser importante conocer dentro de esta estrategia qué puntos de la carga operativa o de las restricciones que tienen estas sociedades pueden eliminarse o reducirse sin poner en riesgo el sistema. 

Así, por ejemplo, si las garantías que deben otorgar deben estar en función de los patrimonios que administran; si es necesario contar con una oficina con una infraestructura física mínima; o si la existencia del comité de vigilancia puede ser voluntaria. De igual manera, podría ser atractivo conocer las razones por las cuales varias sociedades gestoras han decidido no dar el salto hacia el mercado de ofertas públicas. 

Asimismo, con el objeto de que el público no pierda la confianza en el mercado de fondos (sean públicos o privados), resulta importante una adecuada supervisión de las sociedades gestoras para conocer si, como indicaba la Hoja de Ruta 2019, existe un arbitraje regulatorio. Para ello, podría evaluarse la implementación de un registro de estas sociedades gestoras en el que se presente cierta información anual (e.g., estados financieros e información de los fondos que administran). En todo caso, de establecerse tal registro, este no debería suponer un procedimiento previo de registro, pero permitiría a las autoridades conocer mejor las actividades de estas gestoras privadas.

En la Hoja de Ruta 2019 se proponía que el Fondo Crecer pueda servir como garantía para los procesos de titulización de créditos otorgados por entidades financieras a pequeñas y medianas empresas con la condición de que los fondos que se obtengan vuelvan a ser invertidos en créditos a favor de dichas empresas. De igual forma, podría evaluarse garantías similares para créditos que las entidades financieras otorguen para proyectos que califiquen como sostenibles y siempre que los fondos que se obtengan vuelvan a ser otorgados a proyectos similares. 

Sin embargo, para todos estos proyectos podría evaluarse nuevamente si los límites impuestos en la regulación de la SMV para titulizaciones son los más adecuados cuando hablamos de grandes proyectos, proyectos sostenibles o de créditos otorgados a favor de pequeñas o medianas empresas que pueden requerir tanto de financiamiento en el mercado de valores como de otras entidades (e.g., multilaterales) y de garantías a favor de estos últimos.

Gráfico 1: Medidas a adoptar en la normativa local respecto a la integración

Otro de los aspectos fundamentales para el desarrollo de nuestro mercado de valores local es el tratamiento tributario aplicable a las operaciones que se ejecuten en este. Uno de los temas últimamente comentados -no por los beneficios que pudiese traer, sino por el desincentivo que podría representar- es la falta de prórroga para este 2024 de la exoneración del pago del impuesto a la renta sobre las ganancias por las operaciones/negociaciones sobre valores listados en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), lo que podría reducir el interés en estas operaciones. 

Es preciso recordar que desde 2016, estas operaciones se encontraban exoneradas en virtud de la Ley N° 30341 (prorrogada hasta diciembre de 2023), disposición que nació con la finalidad de fomentar la liquidez e integración del mercado de valores peruano.

Con esta falta de prórroga, se produciría la obligación de pago del impuesto a la renta por la enajenación de los valores listados en la BVL, de acuerdo con el tratamiento tributario aplicable a personas naturales: (i) 5%, cuando los valores transferidos sean de una empresa peruana; (ii) 6.25% cuando se trate de valores de empresas del extranjero bajo el beneficio del MILA; y (iii) entre 8% y 30%, en el caso de los valores de empresas del extranjero distintas a las referidas en el numeral (ii) anterior.

Como consecuencia de lo anterior, resulta muy probable que las operaciones en la BVL disminuyan, generando, además, un impacto negativo sobre nuestro mercado de valores aún emergente. Es por ello que resulta necesario volver a evaluar estas exoneraciones teniendo en cuenta que la falta de estas generaría un desincentivo que impacte en el desarrollo que se busca sobre este sector de la industria.

Es importante tener en cuenta que el país y, en especial, nuestras empresas requieren de fuentes de financiamiento internas y externas para el cumplimiento de sus objetivos. Por tanto, resulta sumamente necesario generar las condiciones legales adecuadas para atraer la inversión y lograr una mayor movilización de los recursos nacionales, siendo una arista importante la regulación tributaria a través de la promulgación de incentivos o la eliminación gradual de limitaciones o costos tributarios. En esa línea, debería considerarse la renovación de la exoneración objeto de este comentario, buscando incrementar los incentivos para el uso y movimiento del mercado de valores peruano y el fomento de la liquidez en el mercado secundario para los valores que ofrecen las empresas que buscan financiarse en el mercado de valores peruano.