Como parte del Acuerdo de París, México se comprometió a reducir el 22% de las emisiones de gases de efecto invernadero y 51% de las emisiones de carbono negro para el año 2030 respecto al escenario tendencial. Las empresas con presencia en el país se suman a estas iniciativas al estar sujetas a regulaciones como la Ley General de Cambio Climático, que tiene por objetivo la reducción de emisiones, y la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), que aborda el desarrollo de energías renovables. Adicionalmente, para su operación en México, las organizaciones deben cumplir con Normas Oficiales Mexicanas (NOM) enfocadas en la protección del medioambiente, así como estándares internacionales (ISO).
Aunado a esto, la estrecha relación comercial entre México y los Estados Unidos también pone presión sobre las empresas que operan en nuestro país. Requerimientos regulatorios —como la iniciativa Build Back Better en favor de políticas de ESG más agresivas— podrían impactar a toda la cadena de suministro, incluyendo compañías en México. Sólo entre 2015 y 2019, el 85.30% de la exportación de bienes intermedios de México tuvieron como país de destino a Estados Unidos. Por otro lado, de enero de 1999 a septiembre de 2021 el flujo de inversión extranjera de Estados Unidos a México fue de 295 mil millones de dólares, equivalente al 46.8% de la inversión extranjera directa del país. Como resultado, muchas empresas en México tendrán que alinearse a las tendencias globales de mitigación de cambio climático y responsabilidad social para poder operar en cadenas globales de suministro.