Sin embargo, esta transformación no ha surgido de manera aislada. Es el resultado de más de quince años de aprendizaje institucional desde la creación de la Ley N° 29230.
Lo que inicialmente fue concebido como un mecanismo para acelerar la inversión pública con participación privada se ha convertido en una de las herramientas más exitosas para movilizar recursos hacia territorios con importantes brechas de infraestructura. Desde su implementación en 2009 hasta junio 2026, ha permitido adjudicar más de 1,400 intervenciones en todo el país, por un monto aproximado de S/22,384 millones, en beneficio de más de 29 millones de peruanos, de acuerdo con datos de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión).
Asimismo, el mecanismo ha convocado una participación creciente del sector privado: a mayo de 2026, ProInversión reportó 466 empresas participantes desde su creación, mientras que solo entre enero y junio de 2026 participaron 273 empresas privadas y 204 entidades públicas
De este total, 109 entidades públicas utilizaron el mecanismo por primera vez, lo que representa el 52% del total de entidades participantes este año. Asimismo, 155 nuevas empresas se incorporaron al mecanismo, comprometiendo una inversión de S/1,695 millones.
A pesar de estas cifras, el Perú mantiene una brecha de infraestructura de largo plazo estimada en S/363 mil millones, una de las mayores de la región, según el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad.
La experiencia internacional demuestra que la calidad de los servicios públicos depende no solo de la disponibilidad de infraestructura, sino también de factores como la operación, el mantenimiento, la gestión, el fortalecimiento institucional y la continuidad de las intervenciones.
Por ello, la discusión sobre inversión pública viene evolucionando desde una pregunta tradicional —cómo construir más infraestructura— hacia una mucho más relevante: cómo generar mejores resultados para los ciudadanos.