Mediante la Casación No. 26536-2024-Lima, emitida por la Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República el 30 de abril de 2026, se resolvió que el ordenamiento jurídico laboral peruano no prohíbe que un trabajador preste servicios simultáneamente para dos o más empleadores. Asimismo, precisó que el pluriempleo constituye una manifestación del derecho fundamental a la libertad de trabajo y que, en ausencia de un pacto expreso de exclusividad, dicho derecho no puede ser restringido válidamente. 

La Sala Suprema resolvió lo siguiente:

• El pluriempleo, entendido como la posibilidad de que una persona preste servicios simultáneamente para dos o más empleadores, constituye una manifestación directa del derecho fundamental a la libertad de trabajo reconocido en la Constitución Política del Perú.
• La prestación de servicios para más de un empleador no configura por sí sola una falta grave ni un quebrantamiento de la buena fe laboral, pues la legislación laboral peruana no establece una obligación general de exclusividad.
• Los pactos de exclusividad constituyen una limitación excepcional al derecho a la libertad de trabajo, por lo que deben sustentarse en criterios objetivos y razonables, así como constar expresamente en el contrato de trabajo o en un acuerdo celebrado entre las partes.
• La exclusividad no puede presumirse ni imponerse mediante interpretaciones extensivas de reglamentos internos cuando no existe una cláusula expresa que restrinja la posibilidad de prestar servicios a otros empleadores.  

Casación No. 26536-2024-Lima

Mediante la Casación Laboral N.° 25385-2024-Lima, emitida por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República el 22 de junio de 2026, se resolvió que la alegación de una práctica de “despidos escalonados” contra trabajadores sindicalizados no constituye un indicio suficiente de despido antisindical cuando se encuentra acreditado que el cese obedeció a la comisión de una falta grave, por lo que no procede la reposición por nulidad de despido sustentada en la afiliación sindical. 

La Sala Suprema resolvió lo siguiente:

• Para que proceda la nulidad de despido por afiliación sindical, el trabajador debe aportar indicios razonables que permitan presumir que el término de la relación laboral obedeció a su afiliación sindical o participación en actividades sindicales.
• La alegación de una práctica de “despidos escalonados” no constituye por sí sola un indicio razonable de despido antisindical, debiendo acreditarse el nexo causal entre el cese y la actividad sindical del trabajador.
• Los procesos judiciales promovidos por otros trabajadores sindicalizados no acreditan automáticamente la existencia de una práctica antisindical, pues cada despido debe analizarse en función de sus circunstancias particulares.
• La presunción de despido antisindical queda desvirtuada cuando el empleador acredita que la extinción del vínculo laboral obedeció a una causa justa, como la comisión de una falta grave.  

Casación Laboral No. 25385-2024-Lima

Mediante la Acción Popular N.º 29537-2023-Lima, emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República el 15 de octubre de 2025, se resolvió declarar fundada la demanda interpuesta contra el artículo 1 del Decreto Supremo N.º 013-2014-TR, al considerar que el Poder Ejecutivo excedió su potestad reglamentaria al definir los “motivos económicos” que justifican la terminación colectiva de contratos de trabajo, al modificar una materia reservada a una norma con rango de ley.  

La Sala Suprema resolvió lo siguiente:

• El artículo 1 del Decreto Supremo N.º 013-2014-TR vulnera los principios de separación de poderes y jerarquía normativa, al establecer una definición de “motivos económicos” para el cese colectivo que no se encuentra contenida en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.º 728.
• La definición reglamentaria que considera como “motivos económicos” la existencia de tres trimestres consecutivos de resultados negativos o la posibilidad de pérdidas por mantener la continuidad laboral constituye una modificación material del régimen legal de despido colectivo, materia cuya regulación corresponde al legislador.
• La potestad reglamentaria del presidente de la República debe ejercerse sin transgredir ni desnaturalizar la ley, conforme al artículo 118 inciso 8 de la Constitución Política del Perú; por tanto, un reglamento no puede crear supuestos normativos que alteren el contenido o alcance de una norma con rango de ley.

Acción Popular N.º 29537-2023-Lima

La Resolución No. 0966-2026-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, emitida el 7 de agosto de 2026, dejó sin efecto las sanciones impuestas por la comisión de dos infracciones muy graves tipificadas en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, referidas a la inadecuada identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPERC) y a la insuficiente formación e información en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Las actuaciones inspectivas se originaron a raíz de un accidente de trabajo sufrido por un trabajador que, luego de culminar su ronda nocturna como Jefe de Grupo, procedió por iniciativa propia a lavar una camioneta de la empresa y, al enrollar una manguera, tropezó y cayó, sufriendo una fractura en el brazo derecho. Al respecto, el propio trabajador manifestó que el lavado del vehículo no formaba parte de sus funciones y que realizaba dicha actividad voluntariamente para mantener limpia la unidad.

El Tribunal concluyó que no se encontraba acreditado el nexo causal entre los incumplimientos preventivos imputados y el accidente de trabajo, aplicando los criterios establecidos en la Resolución de Sala Plena No. 005-2022-SUNAFIL/TFL, conforme a los cuales resulta necesario demostrar que el incumplimiento en materia de seguridad y salud en el trabajo sea causa del accidente. Asimismo, hizo referencia al precedente contenido en la Resolución de Sala Plena No. 008-2025-SUNAFIL/TFL, respecto al quiebre del nexo causal cuando la secuencia entre el incumplimiento preventivo y el accidente se interrumpe por un hecho externo o una conducta atribuible al propio trabajador.

En ese sentido, el Tribunal determinó que el accidente ocurrió mientras el trabajador realizaba una actividad ajena a las funciones propias de su cargo, que no había sido asignada ni se encontraba acreditada como una práctica habitual tolerada por el empleador. Por consiguiente, consideró que no resultaba exigible imputar a la empresa la omisión de identificar en el IPERC los riesgos asociados a una actividad no encomendada ni de capacitar al trabajador respecto de ella. De esta manera, concluyó que la decisión voluntaria del trabajador de efectuar labores distintas a las que le correspondían interrumpió el nexo causal entre los presuntos incumplimientos preventivos y el accidente, dejando sin efecto las sanciones impuestas por deficiencias en el IPERC y en la formación e información en SST.

La Resolución No. 0963-2026-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, emitida el 22 de julio de 2026, declaró fundado en parte el recurso de revisión respecto de la infracción tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, vinculada al incumplimiento del pago de la remuneración vacacional y de las vacaciones truncas de un extrabajador.

Las actuaciones inspectivas se originaron a raíz de una denuncia por presuntos incumplimientos relacionados con el pago de beneficios sociales y aportes previsionales. Como resultado de la fiscalización, se imputaron, entre otras, infracciones por el incumplimiento del pago de la remuneración vacacional correspondiente al periodo 2021-2022 y de las vacaciones truncas, así como por la falta de pago de aportes obligatorios al Sistema Privado de Pensiones y el incumplimiento de una medida inspectiva de requerimiento.

El Tribunal concluyó que la sanción impuesta bajo el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT incurrió en un vicio de motivación aparente y vulneró el principio de tipicidad, debido a que la autoridad sancionó como una infracción relacionada con el goce del descanso vacacional un incumplimiento que, en realidad, estaba referido al pago de conceptos económicos derivados de las vacaciones.

En ese sentido, el Tribunal precisó que el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT tutela el otorgamiento efectivo del descanso vacacional, mientras que los incumplimientos relacionados con el pago de la remuneración vacacional y de las vacaciones truncas deben ser analizados bajo el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Por consiguiente, declaró la nulidad parcial de la resolución sancionadora y ordenó retrotraer el procedimiento para que se emita un nuevo pronunciamiento respecto de la correcta tipificación de dicha conducta, manteniendo las infracciones referidas a la falta de pago de aportes al Sistema Privado de Pensiones y al incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento.