El 9 de marzo de 2026 se publicó la Resolución de Superintendencia N° 053-2026-SUNAFIL, mediante la cual se dispuso la difusión del proyecto de Directiva denominada “Directiva para el ejercicio de las actuaciones inspectivas en materia de contratación sujeta a modalidad”, tanto en el diario oficial El Peruano como en la Plataforma Digital Única del Estado (www.gob.pe/sunafil). Al respecto, se otorgó un plazo de quince (15) días calendario, contados desde el día siguiente de su publicación, para que los interesados presenten comentarios y/o sugerencias. Este proyecto constituye un instrumento técnico-normativo que establece reglas y criterios generales para la fiscalización de contratos sujetos a modalidad, incluyendo definiciones clave como “causa objetiva” y “contrato de trabajo sujeto a modalidad”.

La propuesta reemplazará el Protocolo N° 003-2016-SUNAFIL/INII y como parte de su contenido regula aspectos operativos de la función inspectiva, tales como el inicio de actuaciones (de oficio o por denuncia), los plazos de investigación (hasta 30 días hábiles, prorrogables por una sola vez), y las facultades del inspector en diligencias como requerimientos de información, comparecencias y visitas inspectivas. Asimismo, incorpora lineamientos sobre la participación de representantes de los trabajadores, criterios para determinar conductas infractoras y pautas específicas para verificar la validez y posible desnaturalización de contratos modales.

Más información

Se aprueba la versión 2 de la Directiva N° 002-2020-SUNAFIL/DINI, denominada “Directiva sobre el ejercicio de las actuaciones inspectivas de investigación en accidentes de trabajo e incidentes peligrosos”

El 9 de marzo de 2026 se publicó la Resolución de Superintendencia N° 052-2026-SUNAFIL, mediante la cual se aprueba la segunda versión de la Directiva N° 002-2020-SUNAFIL/DINI, que regula las actuaciones inspectivas en el marco de la investigación de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos. Esta actualización introduce pautas para la labor inspectiva, incluyendo la determinación de la autoridad competente según el lugar del accidente o el domicilio fiscal del empleador. Asimismo, se incorpora la obligación de iniciar las actuaciones inspectivas el mismo día de recibida la orden o desde que el inspector tome conocimiento de su asignación.

Entre las principales novedades, se establece una etapa previa de revisión y calificación de denuncias, así como la exigencia de subsanación cuando estas no cumplan con los requisitos. En cuanto a los plazos, se dispone que, en caso de accidentes mortales, la investigación tendrá una duración máxima de 10 días hábiles, prorrogable por única vez; mientras que, en accidentes no mortales o incidentes peligrosos, el plazo será de hasta 30 días hábiles, sin posibilidad de prórroga. Además, si durante la investigación se determina que el accidente inicialmente calificado como mortal no lo fue, se ajusta el plazo al régimen de 30 días hábiles.

Finalmente, se refuerzan las obligaciones durante la diligencia inspectiva, destacando que la visita al lugar del accidente mortal debe realizarse el mismo día de conocido el hecho, salvo casos excepcionales debidamente justificados. También se establece que la Autoridad debe comunicar al Ministerio Público, en un plazo máximo de 5 días hábiles, las resoluciones firmes que determinen incumplimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo que hayan ocasionado accidentes mortales.

Más información

Con fecha 19 de marzo de 2026, se presentó el Proyecto de Ley 14272/2025-CR que propone establecer el régimen laboral especial aplicable a los trabajadores marítimos. De esta forma, propone la regulación de las condiciones de trabajo, jornada laboral, seguridad y salud en el trabajo y derechos colectivos de los trabajadores marítimos.

Más información

Con fecha 27 de febrero de 2026, se presentó el Proyecto de Ley 14091/2025-CR que propone se reconozca como día no laborable compensable a favor de los personeros de mesa que participen en las elecciones generales 2026. Así, propone que las horas dejadas de laborar a consecuencia de la aplicación del día no laborable sean objeto de compensación en forma y plazo por acuerdo entre empleador y trabajador.

Más información

Sunafil recuerda que se encuentra próximo a vencer el plazo para el pago de las utilidades correspondientes al ejercicio 2025. En dicho sentido, las utilidades deberán abonarse dentro de los treinta (30) días calendario posteriores al vencimiento del plazo establecido para que cada empresa presente su Declaración Jurada del Impuesto a la Renta.

Se resalta que, en caso las empresas no paguen las utilidades correspondientes a sus trabajadores, tomando en consideración el tipo de empresa, cantidad de trabajadores afectados, y otros factores, la multa por dicho incumplimiento podría ascender hasta un monto de S/. 143,660.00 (Ciento cuarenta y tres mil seiscientos sesenta y 00/100 soles).

Igualmente, es importante recordar que los trabajadores tienen cuatro años para reclamar su derecho a participar en las utilidades de la empresa donde laboraron, y que, vencido este plazo, las utilidades no cobradas serán distribuidas entre los demás trabajadores en el ejercicio en el que venza el plazo prescriptorio.

Más información

La Sunafil ha actualizado la Directiva N° 002-2020-Sunafil/DINI, denominada Directiva sobre el ejercicio de las actuaciones inspectivas de investigación en accidentes de trabajo e incidentes peligrosos, para adecuar el contenido de sus disposiciones a la normativa vigente y a los cambios de la estructura organizacional de la entidad registrados desde su emisión.

Al respecto, la Autoridad señala que las investigaciones de oficio, o producto del registro del accidente a través de la plataforma del Ministerio de Trabajo (Sistema de Información para el Registro Único de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Ocupacionales) serán iniciadas por el personal inspectivo designado el día de recibida la orden de inspección o desde que se tome conocimiento de su asignación.

Asimismo, se dispone que, en caso de accidentes de trabajo seguido de muerte del trabajador, que hayan sido denunciados o puestos en conocimiento, treinta (30) días después de su ocurrencia o posteriores a este plazo, ante la Autoridad Inspectiva de Trabajo, se programará su atención con la celeridad que el caso amerite.

Adicionalmente, la Directiva señala que la orden de inspección se dirigirá al empleador para quién labora el o los trabajadores(es) accidentado(s) o posibles afectados y, en caso el personal afectado trabaje para una contratista, se expedirán órdenes de inspección tanto a la empresa principal como a la contratista.

Por un lado, respecto a la orden de inspección notificada a la empresa principal, la exigencia de cumplimiento normativo observará, entre otros, las obligaciones relacionadas a la garantía de seguridad de contratistas, subcontratistas y terceros, así como la responsabilidad por su incumplimiento. Mientras que, por otro lado, la orden de inspección dirigida a la contratista, versará sobre la materia de seguridad y salud en el trabajo.

Más información

La Corte Suprema determina que en el despido incausado no corresponde analizar la proporcionalidad y razonabilidad

A través de la Casación Laboral No. 39789-2022-LIMA, emitida el 23 de diciembre de 2025 por la Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, se examinó la procedencia del recurso de casación interpuesto contra una sentencia que declaró fundada en parte una demanda por despido incausado y reposición laboral.

Al respecto, la Sala Suprema determinó que existe una contradicción en la motivación de la sentencia impugnada, debido que, a pesar de que se reconoce que el despido es incausado, el juzgador realiza un análisis propio de despidos con causa, evaluando la proporcionalidad de la sanción y la gravedad de la falta imputada, lo cual afecta la coherencia y estructura argumentativa del fallo.

El despido incausado se configura cuando no se imputa causa concreta y verificable al trabajador, por lo que no corresponde analizar la existencia o proporcionalidad de la sanción ni valorar las conductas atribuidas como faltas graves.

Por lo tanto, la sentencia impugnada carece de pronunciamiento congruente y adecuado, vulnerando el debido proceso y el deber de motivación de las resoluciones judiciales.

En consecuencia, la Corte Suprema concluyó que la sentencia impugnada carece de un pronunciamiento congruente y adecuado, vulnerándose el debido proceso y el deber de motivación de resoluciones judiciales, y, por ende, la declara nula y ordena que se emita un nuevo pronunciamiento conforme a derecho, sin analizar las causales materiales.

Casación Laboral No. 39789-2022-Lima

La Corte Suprema determina que la naturaleza de condición de trabajo no depende exclusivamente de su frecuencia ni de su permanencia en el tiempo, sino del motivo que origina su entrega

A través de la Casación No. 9527-2023-LIMA, emitida el 26 de enero de 2026 por la Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, se examinó la procedencia del recurso de casación interpuesto contra una sentencia que revocó una decisión de primera instancia que declaró fundada una demanda sobre pago de beneficios convencionales.

Al respecto, la Sala Suprema determinó que los beneficios de racionamiento, movilidad y preescolaridad otorgados a los trabajadores tienen carácter de condiciones de trabajo y no remunerativas, pues su finalidad radica en la compensación de gastos o en el otorgamiento de facilitades para el desempeño de las funciones, sin integrar la remuneración computable para efectos laborales o previsionales.

La permanencia o habitualidad en el otorgamiento de estos beneficios no modifica su naturaleza jurídica, siendo determinante el motivo que origina su entrega y no su frecuencia o duración en el tiempo.

En consecuencia, la sentencia impugnada no incurrió en infracción normativa al artículo 28 del Decreto Supremo No. 011-92-TR, Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, y, por ende, el recurso de casación fue declarado infundado.

Casación Laboral No. 9527-2023 Lima

A través de la Resolución emitida el 9 de marzo de 2026, se declaró fundado en parte el recurso de revisión respecto de la materia de horas extras y jornada nocturna.

En el presente caso, durante la etapa inspectiva, se ordenó a la Compañía acreditar el pago de horas extras laboradas y el pago íntegro de la sobretasa por horas laboradas en jornada nocturna a favor de dos (02) trabajadores, según el registro de control de asistencia del mes de febrero y marzo de 2022. No obstante, según los hechos verificados por el Inspector de Trabajo, no se acreditaron dichos pagos a favor de los trabajadores.

En base a ello, si bien las instancias previas calificaron dicho incumplimiento en base al numeral 25.6 del RLGIT, el Tribunal de Fiscalización Laboral concluyó que ello constituye un error en la tipificación de la falta, pues la conducta se encontraría inmersa en el numeral 24.4 del RLGIT.

En ese sentido, el Tribunal sostiene que, cuando se imputa únicamente la omisión del pago de la remuneración por las horas extras y las horas laboradas en jornada nocturna a favor del personal, ello se tipifica en el numeral 24.4 del RLGIT, más no en el numeral 25.6 de tal cuerpo normativo.