El 16 de abril de 2026 se publicó la Resolución SBS No. 01114-2026, mediante la cual la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aprueba la edición 2026 del Manual del Sistema Evaluador de Invalidez (MSEI), aplicable al Sistema Privado de Pensiones (SPP). Este instrumento técnico-normativo regula el proceso de evaluación y calificación del grado de invalidez de los afiliados que han sufrido una pérdida de su capacidad laboral, con la finalidad de acceder a una pensión de invalidez. La nueva edición responde a la necesidad de consolidar en un solo documento las diversas modificaciones, criterios técnicos y lineamientos emitidos desde la versión inicial del manual, los cuales anteriormente se encontraban dispersos en múltiples directivas, dificultando su aplicación por parte de los comités médicos evaluadores.

El MSEI 2026 incorpora mejoras orientadas a fortalecer la coherencia, predictibilidad y calidad técnica del proceso de evaluación, reduciendo márgenes de discrecionalidad y facilitando tanto la labor de los comités médicos como el acceso a la información por parte de los afiliados, aseguradoras y demás usuarios del sistema. En cuanto a su contenido, el Manual comprende una sección introductoria con lineamientos metodológicos y administrativos, catorce capítulos que desarrollan la evaluación de distintos sistemas y patologías (como el sistema músculo esquelético, cardiovascular, nervioso, entre otros), así como una guía de procedimientos para médicos consultores y anexos aplicables. 

La nueva edición del MSEI entra en vigencia a partir del día siguiente de la publicación de la resolución, salvo el Capítulo XII (Trastornos Mentales, del Comportamiento y del Neurodesarrollo) que regirá desde el 1 de julio de 2026.

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El 14 de abril de 2026 se publicó el Decreto Supremo No. 003-2026-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley No. 30102, orientado a prevenir los efectos nocivos en la salud derivados de la exposición prolongada a la radiación ultravioleta (RUV) solar, a fin de reducir riesgos como enfermedades cutáneas y oculares mediante la adopción de medidas preventivas.

De esta forma, se dispone que los empleadores deben incorporar la gestión del riesgo por exposición a RUV solar dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo que implica identificar peligros, evaluar riesgos y adoptar medidas de control. Entre las principales acciones destacan: evitar la exposición en horarios críticos (10:00 a 16:00 horas, con variaciones para la zona sierra), implementar rotación de personal, informar y capacitar a los trabajadores, y proporcionar equipos de protección personal adecuados. Asimismo, se establece la obligación de realizar vigilancia médica ocupacional específica, incluyendo evaluaciones dermatológicas y oftalmológicas.  

Adicionalmente, el Reglamento impone deberes generales a las entidades, como la realización de campañas de sensibilización, la adecuación de horarios de actividades al aire libre, la implementación de señalización preventiva y la promoción de espacios con sombra. Finalmente, se prevé la fiscalización por parte de SUNAFIL y SERVIR, quienes supervisarán el cumplimiento de estas obligaciones, incluyendo la implementación de programas de seguridad y salud en el trabajo y la entrega de equipos de protección, reforzando así el enfoque preventivo en materia laboral.

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Con fecha 31 de marzo de 2026, se presentó el Proyecto de Ley No. 14347/2025-CR que propone la modificación del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728 – Ley de Productividad y Competitividad Laboral, incorporando como despido nulo el que tenga motivo la condición del trabajador/a como responsable del cuidado de hijo o hija que requiera asistencia permanente al encontrarse en situación de discapacidad severa o incapacidad temporal o permanente para el trabajo, presumiéndose como un despido de causa discriminatoria, salvo prueba en contrario.

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Con fecha 21 de abril de 2026, se presentó el Proyecto de Ley No. 14445/2025-CR que propone la prohibición del descuento no autorizado por los trabajadores del régimen laboral de construcción civil respecto del aporte al Fondo para la Construcción de Viviendas y Centros Recreacionales para los Trabajadores de Construcción Civil del Perú (CONAFOVICER), estableciéndose su carácter estrictamente voluntario.

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A través de la sentencia recaída en la Acción Popular No. 30989-2023-Lima, la Corte Suprema dejó sin efecto el Decreto Supremo No. 001-2022-TR, eliminando la prohibición de tercerizar actividades vinculadas al “núcleo del negocio”, al considerar que dicha restricción excedía lo previsto en la Ley No. 29245.

Sin perjuicio de ello, resulta importante tener en cuenta que las empresas deben seguir cumpliendo los requisitos legales de autonomía, especialización, asunción de riesgos y recursos propios para evitar supuestos de desnaturalización.

En adelante, las empresas deberían revisar sus esquemas y contratos de tercerización para asegurar su validez, mientras que los trabajadores mantienen mecanismos de protección frente a estructuras que encubran una simple provisión de personal.

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El depósito de la CTS correspondiente al semestre noviembre 2025 – abril 2026 deberá efectuarse hasta el 15 de mayo de 2026 y alcanza, principalmente, a trabajadores del régimen laboral privado que cumplan con los requisitos legales aplicables, considerando además las particularidades previstas para micro y pequeñas empresas.

Para efectos del cálculo, se toma como base la remuneración computable vigente al 30 de abril, incluyendo conceptos remunerativos regulares aplicables, junto a la asignación familiar y 1/6 de la última gratificación, por lo que las empresas deberían validar oportunamente los componentes considerados para evitar contingencias en el depósito.

Adicionalmente, se mantiene vigente la disposición excepcional que permite a los trabajadores disponer de hasta el 100% de los fondos acumulados de CTS hasta el 31 de diciembre de 2026, medida que no exime a los empleadores de cumplir oportunamente con esta obligación laboral.

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Mediante la Casación Laboral No. 33726-2023-LIMA, emitida por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República el 7 de abril de 2026, se analizaron los requisitos y condiciones para la desnaturalización del contrato de trabajo sujeto a modalidad por necesidad de mercado.

La Sala Suprema determinó lo siguiente:

• La desnaturalización del contrato por necesidad de mercado ocurre cuando no se sustenta adecuadamente el incremento coyuntural de la producción, siendo necesario que las variaciones de la demanda tengan un carácter sustancial, excluyendo cualquier fluctuación del mercado que no sea necesaria ni significativa.

• El contrato temporal por necesidad de mercado debe contener una causa objetiva específica que justifique la contratación temporal, basada en un incremento temporal e imprevisible del ritmo normal de la actividad productiva, excluyendo variaciones cíclicas o estacionales.

• La ausencia de causa objetiva en el contrato, o que esta no sea coyuntural o temporal, implica la simulación del contrato y su desnaturalización, convirtiéndose en un contrato a plazo indeterminado.

• La causalidad y especificidad en la causa objetiva son esenciales para la validez del contrato temporal.

• La desnaturalización se fundamenta en el principio de primacía de la realidad y en la existencia de simulación o fraude a la ley cuando no se cumple con los requisitos legales para la contratación modal.

Por lo tanto, la Corte Suprema concluyó que la desnaturalización del contrato por necesidad de mercado solo procede cuando no se acredita un incremento coyuntural, sustancial e imprevisible de la demanda que justifique la temporalidad del contrato, y cuando no se cumple con la exigencia legal de consignar la causa objetiva específica en el contrato.

Casación Laboral No. 33726-2023-LIMA

Mediante la Casación Laboral No. 989-2024-AREQUIPA, emitida por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República el 31 de marzo de 2026, se resolvió que no resulta exigible al trabajador que no pudo afiliarse por la modalidad de su contratación, acreditar la representatividad del sindicato para acceder a beneficios de una convención colectiva.

La Sala Suprema determinó lo siguiente:

• Las convenciones colectivas celebradas por sindicatos minoritarios no alcanzan a trabajadores no afiliados, salvo cuando estos estuvieron impedidos de afiliarse por contratación irregular.

• El demandante reconocido judicialmente como trabajador a plazo indeterminado, tiene derecho a los beneficios pactados en el laudo arbitral, pese a que el sindicato no era mayoritario.

• No es exigible la acreditación de representatividad sindical para trabajadores que, por contratación irregular, no pudieron ejercer su derecho a la libertad sindical.

Casación Laboral No. 989-2024-AREQUIPA

La Resolución emitida el 8 de abril de 2026 declaró fundado en parte el recurso de revisión, respecto de la infracción muy grave prevista en el numeral 28.11 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo (RLGIT), vinculada a un accidente de trabajo fatal. 

El Tribunal de Fiscalización Laboral fundamentó su decisión debido a que en el presente caso no se aprecia una evaluación de la posible concurrencia de factores causales ni un análisis sobre si la acción ejecutada por el trabajador afectado (vinculada al manejo de freno) se encontraba dentro de los procedimientos de trabajo del empleador o si constituía una actuación no contemplada o contraria a las disposiciones impartidas, omitiéndose considerar la multicausalidad propia de los accidentes de trabajo. Por ello, se concluyó una afectación al deber de motivación que ameritaba retrotraer el procedimiento sancionador.

Mediante el Decreto Supremo No. 061-2026-EF, se modifica el Reglamento de la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, con la finalidad de adecuarlo a los cambios introducidos por la Ley No. 32445, la cual autoriza el retiro extraordinario y facultativo de los fondos de los afiliados al Sistema Privado de Pensiones hasta por el monto de 4 UIT y establece otras disposiciones como la derogación de la obligación de aportar a los trabajadores independientes afiliados al sistema.

Dentro de este contexto, se incorpora a nivel reglamentario la eliminación de la obligación de aportar al sistema previsional para los trabajadores independientes, como consecuencia de la derogación del artículo 9° de la Ley No. 32123. En tal sentido, a partir de la fecha, los aportes de este grupo pasan a ser de carácter facultativo, manteniéndose la obligatoriedad únicamente para los trabajadores que cuentan con una relación laboral de dependencia.

En base a ello, se adecúan las disposiciones vinculadas a los tipos de aportes según la clasificación de los trabajadores: aportes obligatorios para los trabajadores dependientes y aportes facultativos para los trabajadores independientes. Finalmente, dentro de los requisitos para acceder a la pensión mínima o pensión de jubilación proporcional especial semicontributivo se incluye al ingreso asegurable, con relación al nuevo esquema pactado para los trabajadores independientes.

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