El 06 de febrero de 2026, se publicó el Decreto Supremo No. 011-2026-EF que aprueba el Reglamento de la Ley 32413, a través de la cual se permite el uso de billeteras digitales para el pago de haberes y obligaciones laborales. La norma desarrolla las obligaciones para empresas financieras y emisoras de dinero electrónico, así como las condiciones y/o reglas bajo las cuales los trabajadores pueden elegir la entidad para percibir sus remuneraciones.

Además, adecúa el marco normativo para garantizar que el trabajador pueda elegir la cuenta o billetera digital sin injerencias. De igual forma, dispone medidas de supervisión, límites operativos, seguimiento e implementación de acciones de educación financiera para promover el uso seguro y responsable de billeteras digitales; y califica como una infracción muy grave cualquier conducta que limite la libertad del trabajador sobre la elección de la entidad y/o billetera digital de su preferencia.

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El 16 de febrero de 2026, se publicó la Resolución Jefatural de No. 053-2026-INEI, que aprueba los Factores de Liquidación “F” utilizados para calcular la Compensación por Tiempo de Servicio de los trabajadores de Construcción Civil, basados en las variaciones de los jornales derivadas del convenio colectivo 2026 entre la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP).

Se fijan los factores correspondientes a junio diciembre de 2025 para mano de obra general y el factor de diciembre 2025 para mano de obra de alta especialización. Su cálculo sigue la fórmula aprobada por el INEI y se aplican solo a valorizaciones no afectadas por un factor previo.

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Con fecha 6 de febrero de 2026, se presentó el Proyecto de Ley 13907/2025-CR que propone eliminar los services, la intermediación y la tercerización laboral en las entidades a través de la derogación de las Leyes No. 29245 y No. 27626, y sus normas reglamentarias. De esta forma, propone que los trabajadores subcontratados a través de tales mecanismos sean incorporados al régimen laboral mayoritario de las entidades, conservando su tiempo de servicio y todos los derechos adquiridos.

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Con fecha 6 de febrero de 2026, se presentó el Proyecto de Ley 13910/2025-CR, a través del cual se propone ampliar la cobertura del régimen especial de pensión de jubilación para los trabajadores que laboran en los sectores de minería, metalúrgica y siderúrgica. De esta forma, la iniciativa busca incorporar, dentro del régimen especial, a aquellos trabajadores que realizan labores complementarias de mantenimiento y/o servicios afines en el complejo minero, metalúrgico y siderúrgico, siempre que acrediten riesgos de salud y estén comprendidos en el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

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El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) dispuso la creación del “Sello: Empresa Laboral y Socialmente Responsable” mediante la Resolución Ministerial No. 053-2026-TR, como reconocimiento a las empresas que cumplan voluntariamente con la normativa laboral vigente y adopten buenas prácticas de responsabilidad social empresarial orientadas a mejorar las condiciones de trabajo y fomentar el empleo decente. Con ello, se busca incentivar a las empresas a fortalecer la formalización laboral y promover un entorno laboral ético y sostenible.

Según el MTPE, el sello será otorgado bajo criterios establecidos en los lineamientos No. 001-2026-MTPE/2/14.3, detallando los requisitos y procedimientos de acreditación supervisados por la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos Laborales y Responsabilidad Social Empresarial Laboral.

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SUNAFIL aprobó su Agenda temprana 2026-2027, a través de la cual priorizará la ejecución de acciones para enfrentar el alto incumplimiento en materia de remuneraciones a trabajadores y extrabajadores durante el período 2022-2024, e impulsará estrategias dirigidas a reducir el alto nivel de actas por infracción a la labor inspectiva durante el período 2022-2025.

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A través de la Casación Laboral No. 20549-2023-LIMA ESTE, emitida el 29 de agosto de 2025 por la Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, se abordó la problemática de la extinción del vínculo laboral en el contexto de la disolución y liquidación de una empresa.

La Corte Suprema reiteró que la disolución y liquidación de una empresa constituye una causa objetiva válida para la terminación del contrato de trabajo, incluso en el caso de trabajadores con fuero sindical. Sin embargo, se estableció una regla de especial protección: el cese de los trabajadores sindicalizados debe ser el más remoto.

En este sentido, se determinó que el despido será considerado antisindical y, por ende, nulo, si tras el cese de un trabajador con fuero, continúan laborando trabajadores sin fuero en actividades residuales, a menos que el empleador pueda demostrar una causa objetiva relacionada con la especialidad o el rendimiento.

Por lo tanto, la libertad de empresa, en su dimensión de derecho al cese, no es absoluta. Si el orden de desvinculación revela un trato diferenciado injustificado, el acto puede ser calificado como despido nulo.

Casación Laboral No. 20549-2023-Lima Este

A través de la Casación Laboral No. 17464-2023 CUSCO, emitida el 30 de septiembre de 2025 por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, se abordó la nulidad de una resolución administrativa en el contexto de un proceso contencioso administrativo.

La Corte Suprema determinó que, al imponer sanciones económicas, las instancias administrativas deben considerar el número de trabajadores afectados en la obra inspeccionada y no el total de trabajadores de la empresa. Esto es fundamental para garantizar que las sanciones sean proporcionales y razonables.

En este sentido, se estableció que la falta de consideración del número real de trabajadores afectados en la obra específica puede llevar a una interpretación errónea de la normativa y, por ende, a la imposición de multas desproporcionadas.

La Corte concluyó que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) debe recalcular la multa impuesta, teniendo en cuenta únicamente a los trabajadores de la obra en cuestión, asegurando así que la sanción se ajuste a los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

Casación Laboral No. 17464-2023 Cusco

Con fecha 16 de febrero de 2026, se emitió la Resolución No. 0279-2026-SUNAFIL/TFL-Primera Sala mediante la cual se declaró fundado en parte el recurso de revisión, dejando sin efecto un extremo de la conducta infractora.

En dicho caso, se imputó a la Compañía la comisión de una (01) infracción muy grave en materia de seguridad y salud en el trabajo, tipificada en el numeral 28.10 del Reglamento de la Ley de Inspección del Trabajo, por no haber gestionado una adecuada supervisión sobre el desarrollo de labores del trabajador afectado, lo cual habría producido un accidente de trabajo.

Sobre el análisis del caso, el Tribunal reiteró su criterio referido a la importancia del deber de motivación respecto del nexo causal entre el presunto incumplimiento y el accidente de trabajo. Así pues, señaló que, a partir de la lectura del Acta de Infracción no se realizó un correcto análisis de causalidad, ya que este debió supeditarse a la importancia de la supervisión de la actividad en la estructura del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, así como su relación con la ocurrencia del hecho; lo cual no ha sido desarrollado por la inspección de trabajo ni por el órgano administrativo sancionador a efectos de desarrollar y fundamentar el nexo de causalidad. Por ello, decidió dejar sin efecto dicho extremo de la imputación.

La Resolución de Superintendencia No. 016-2026/SUNAT aprobó la versión 4.6 del del PDT Planilla Electrónica – PLAME (Formulario Virtual No. 0601), con la finalidad de modificar la plataforma en función al valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) fijado para el 2026 (S/ 5,500). Esta actualización, si bien no establece nuevas obligaciones para el empleador, garantiza que los cálculos vinculados a la planilla se ejecuten conforme al marco normativo vigente.

Siendo así, es preciso que los empleadores consideren esta actualización en sus sistemas de nóminas y procesos de declaración laboral, pues el uso de la versión 4.6 resulta obligatorio desde el periodo de enero de 2026. Cabe precisar que esta versión ha sido puesta a disposición en el portal SUNAT a partir del 1 de febrero de 2026.

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